Integrantes del la Comisión Nacional Anticorrupción, entre ellos: David Rosero, Fernando Vega, Julio César Trujillo, Jorge Rodríguez y Simón Espinoza.
QUITO.- Transparentar los millonarios contratos suscritos en los últimos ocho años por el actual Gobierno, es la esencia de la gestión de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), cuya actividad arrancó ayer con la constitución de sus estatutos.
Simbólicamente, los 13 integrantes del organismo asumieron la tarea a la misma hora (10:00) en la que los concejeros del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) eran posesionados en la Asamblea Nacional, una de cuyas tareas, de acuerdo con la Constitución y la ley – es la lucha contra la corrupción.
El grupo está conformado por: Jorge Rodríguez, Julio César Trujillo, Isabel Robalino, David Rosero, María Arboleda, Simón Espinoza, Ramiro Román, Germán Rodas, Byron Celi, Gustavo Cedeño, Mario Unda, Hernando Morales y el padre Fernando Vega.
Creación
La CNA fue creada por mandato en la convención del Colectivo Unitario Nacional de Trabajadores Indígenas y Organizaciones Sociales, reunida en Riobamba el 30 de mayo anterior.
Uno de los postulados de la CNA establece que su principal labor será combatir la corrupción y la impunidad en la gestión de entidades del sector público y en las entidades privadas que manejan fondos públicos.
En este marco, y en su condición de coordinador del organismo, Jorge Rodríguez, exvocal de la entonces Comisión Cívico de la Corrupción (CCC), mencionó que el tema de control de corrupción surge en un momento en que hay proyectos como la reestructura de la Refinería de Esmeraldas a un costo de 1.500 millones de dólares, cuando su construcción fue de apenas 96, es decir 10 veces más.
“La CCC revisaba contrataciones de 20, 30, 40 y millones. Hoy tenemos la obligación de revisar contrataciones que superan los mil millones. Es allá a donde tenemos que poner los ojos”, dijo.
Habló de que en dos semanas en que han hecho cierto tipo de verificaciones, “se sospecha de probable enriquecimiento a costa de los 16 millones de ecuatorianos”, aunque no identificó en qué casos.
Las proyecciones
Su hoja de ruta, dijo, se sustentará en cuatro ejes con plena autonomía; pues la lucha contra la corrupción en los últimos años ha pasado de ser dirigida “por un ente estatal y no gubernamental, por un ente gubernamental y estatal; y hoy día no tenemos vinculación con el Estado sino con las bases sociales”.
Estos ejes, señaló, tienen que ver con el impulso a la contraloría social, para lo cual recurrirán al apoyo de los colegios profesionales; la verificación técnica y el manejo de información que proporcionen los funcionarios públicos.
Según Rodríguez, el compromiso de los comisionados es que este trabajo no servirá de trampolín político para nadie. “Nosotros responderemos a nuestros mandantes y pensando el país que necesita un baño de transparencia”.
Igualmente, destacó que su labor responde a la vocación cívica de los comisionados ya que no percibirán sueldo. Pablo Serrano, presidente del FUT, advirtió que la constitución del organismo responde “a esta creciente corrupción que ha generado el despilfarro de los recursos del pueblo”.
El notario Jorge Machado, dio fe de la suscripción de los estatutos del nuevo ente ciudadano. www.elmercurio.com.ec