El mensaje debe ser claro: “Atención, la Policía va a usar la fuerza. Desalojen la vía”. Estas palabras deben ser pronunciadas por altoparlantes. Luego de esto, la unidad de control de disturbios debe dar tiempo suficiente para que la advertencia sea tomada en cuenta por los manifestantes. Antes de reaccionar, ellos deben solicitar que salgan las mujeres, niños e incluso dar instrucciones sobre los sitios de asistencia médica disponibles para atender a los heridos durante las protestas.
También se debe advertir que habrá arrestos si los manifestantes no se retiran del sitio. “Las órdenes de advertencia serán en tono imperativo, claras, cortas y repetidas cuantas veces sean necesarias”. Así se detalla en el Manual de Derechos Humanos de la Policía vigente desde el 2009. El documento de 234 páginas explica que la fuerza se usará solo después de emplear medios que resulten ineficaces. Por ejemplo: el diálogo con los líderes. Estas tácticas son parte de la formación policial, pero sobre todo las entrenan los agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO). Hasta el 2014 contaba con 240 hombres y 40 mujeres en sus filas.
Ellos se especializan en control de disturbios y marchas. Pero en las dos últimas semanas, el Gobierno ha dispuesto a cadetes, aspirantes, motorizados, personal de caballería y a las Fuerzas Armadas para operaciones antidisturbios. Los militares también tienen un manual de operaciones que se emplea desde el 2014, para proteger los derechos humanos en sus acciones en ciudades. En su manual se determina –igual que en la Policía- que “una vez agotados todos los medios pacíficos disponibles, el empleo de la fuerza es obligatorio”. Y utilizan tácticas defensivas no letales como el manejo de toletes, esposas, gases lacrimógenos y balas de goma. En la protesta del 13 de agosto pasado, convocada por grupos contrarios al Régimen, no se escucharon advertencias. Los agentes de la UMO avanzaron en formación, cubiertos con sus escudos y se acercaron a los manifestantes que estaban en la Plaza Chica, San Francisco y Santo Domingo (Centro Histórico), para desalojarlos. Esa fue su respuesta ante la violencia de un grupo de jóvenes, quienes usaron palos, piedras, vallas metálicas y bombas incendiarias para intentar romper el cerco de seguridad dispuesto alrededor de la Plaza Grande y la Presidencia. Pese a que la Policía y las FF.AA. han reiterado que en las manifestaciones se ha empleado el uso progresivo de la fuerza, entes internacionales cuestionaron que hubo violencia en las marchas. La organización Human Rights Watch denunció el “uso excesivo de fuerza” de parte de la Policía durante las protestas en Quito. Fernando Cordero, ministro de Defensa, rechazó las agresiones y aseguró que “la violencia viene de ellos (indígenas). Tenemos que garantizar la seguridad y debemos hacer uso progresivo de la fuerza”. Los manuales que utilizan los policías y militares durante las protestas también subrayan que la reacción debe ser proporcional a la amenaza, se debe evitar causar lesiones a los protestantes y que las acciones deben dirigirse solo contra quienes infrinjan la ley y no afecten a testigos inocentes.
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