Presidentes de 5 de 7 parroquias de Paute apoyan la exigencia del comprobante de tasa solidaria.
Hay reacción a la posición del alcalde de Paute, Elioth Trelles, respecto de no exigir en su cantón el comprobante de pago de la tasa solidaria en la matriculación vehicular y demandar a la Prefectura obras viales a cambio de la entrega del permiso de uso de suelo para la explotación de áridos de la mina La Virginia, lo que le llevó a promover el lunes una asamblea e intento de toma de las instalaciones de la planta asfáltica de la empresa Asfaltar, pese al estado de excepción que rige en el país y el anuncio de un paro cantonal para el martes próximo.
La tarde del lunes, en la sede del GAD parroquial de Chicán, parroquia donde se encuentra la mencionada planta asfáltica, se reunieron cinco de los siete presidentes de las parroquias rurales de Paute: El Cabo, Chicán, San Cristóbal, Dug Dug y Bulán. Informó el presidente de la asociación de GAD parroquiales de este cantón, Bolívar Once, que resolvieron solicitar audiencia pública al prefecto Paúl Carrasco para tratar sobre la tasa solidaria y la permanencia de la planta asfáltica en el lugar, ante el anuncio de que la misma sería retirada, dada la posición del alcalde Elioth Trelles.
Además, acordaron invitar a los concejales de Paute para un diálogo en defensa de los intereses colectivos; también, apoyar la permanencia de la planta asfáltica en Uzhupud; exhortar al alcalde Elioth Trélles a que entregue el permiso de uso de suelo a la Prefectura para que se explote la mina La Virginia para obras del cantón; y, solicitar a la autoridad municipal que disponga al departamento pertinente se exija el comprobante de pago de la tasa solidaria, en la matriculación vehicular.
El dirigente cree que de cambiar de lugar la planta asfáltica se generará un grave perjuicio para varias parroquias de Paute que tienen en ejecución proyectos de asfaltado.
Error
René Lucero, presidente del Conagopare-Azuay, dijo que la toma de Asfaltar es una actitud ilegítima porque a la asamblea no fueron invitadas todas las autoridades; además, Asfaltar es una empresa pública que puede ofrecer sus servicios donde se la contrate, aunque sea comprando material en lugares alejados como Cochancay.
“El alcalde Trelles se equivocó al tomar una decisión acelerada en medio de un estado de excepción que rige en el país”, expresó Lucero.
Causa sorpresa que el alcalde Trelles siendo consejero y conociendo que los recursos que llegan a la Prefectura para vialidad no son suficientes, salga a gritar a los cuatro vientos que no se invierte; tampoco es cierto que no hay obras, él quiere que se hagan aquellas que ofreció en campaña, agregó.
Sobre la tasa solidaria: “recibimos las competencias con recursos, si no hay el dinero tendremos que devolverlas a la Prefectura y todo será un retroceso; nosotros con esos fondos, más mingas y maquinaria propia de los gobiernos parroquiales, estamos multiplicando la atención. Eso no dicen los que se oponen a la tasa solidaria”, dijo el presidente del gremio parroquial, René Lucero.
Propuesta
Ante la negativa de algunos alcaldes azuayos, de exigir el comprobante de pago de la tasa solidaria en la matriculación vehicular, lo que garantiza la recaudación de recursos para la vialidad intercomunitaria que está a cargo de los gobiernos parroquiales, el presidente de Conagopare-Azuay, René Lucero, visitó varios cantones para dialogar.
Dijo que en Girón hay avances, los concejales y el alcalde reconocen que el sistema es positivo pero piden que Conagopare apoye con una propuesta para que en el presupuesto general de la Prefectura se asigne un rubro para vialidad para los GAD municipales. “Nos comprometimos en esto y es probable que en dos semanas haya un acuerdo”, dijo Lucero.
En Gualaceo hay presión de los GAD parroquiales y existe apoyo de los concejales para aprobar en el Concejo Cantonal la exigencia del comprobante mencionado pese a la posición contraria del alcalde Juan Diego Bustos.
En Paute, el alcalde Elioth Trelles ha adquirido dos equipos camineros pero no tiene la competencia, le propusimos que conforme una empresa publica y que alquile esta maquinaria a los GAD parroquiales, dijo que va a analizar, concluyó.
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