Ducha, un par de televisores, un despacho, cama… la Presidencia de la República iba a contar con una furgoneta tipo camper para movilizar al primer mandatario en sus recorridos por el país. Aun así, la furgoneta no fue adquirida por la que la Empresa Pública Importadora (EPI) que debe reembolsar 299.410,05 dólares, valor que recibió en total.
El proceso de compra de una furgoneta-despacho móvil para la Presidencia de la República fue terminado de mutuo acuerdo entre esta entidad y la EPI, según consta en el portal de Compras Públicas, porque no había una garantía técnica por parte del fabricante.
El trámite, que iba viento en popa, tuvo que detenerse una vez que el 12 de mayo de 2015 el gerente de la EPI, Gustavo Araujo Rocha, enviara un documento al Coordinador Financiero de la Presidencia, para explicarle las razones para terminar el contrato de mutuo acuerdo.
Según el memorando PR-JTRSG-2015-0250-M, del analista de Transportes de la Presidencia de la República, Pablo Naranjo Arcos: “Al no presentarse garantía técnica por parte del fabricante del vehículo y, no cumplir la empresa proveedora con la Oferta Técnica, fue procedente declarar desierto el proceso”.
Esto, a pesar de que en los Pliegos del contrato se establece que la garantía debía ser de 24 meses o 50.000 km, lo que ocurra primero. “Recomiendo, salvo mejor criterio de las autoridades, iniciar los trámites correspondientes para la terminación del contrato por mutuo acuerdo”, dice el informe de Naranjo Arcos.
De esta forma, no se pudo concretar el proceso, a pesar de que se habían entregado 299.410,05 dólares. “(Recomiendo) se realicen los trámites respectivos para la recuperación del 99,9%, en calidad de anticipo que fue entregado”, dice Naranjo Arcos en su memorando.
Furgoneta de cuatro ambientes
El despacho móvil para la Presidencia consta de cuatro espacios. Una cabina de conductor aislada del resto, un despacho con todos los servicio de telecomunicaciones, un habitáculo de cocina y baño, y un cuarto con cama.
El despacho móvil debía ser de un máximo de 7 metros de largo, una altura de 2,705 metros y una ancho de 1,993 metros.
La página web http://www.lichtsinn.com, especializada en este tipo de vehículos en EE. UU., señala que el modelo 2014 Era 70X, que es el que consta en los Términos de Referencia, tiene un precio referencial de 109,037 dólares, y de 72,691 dólares si se realiza el pago en efectivo.
Alberto Navarro, quien trabaja en importación de vehículos al Ecuador, aseguró que para calcular el precio final hay que determinar al valor del vehículo más el flete y agregar un seguro. “Si el costo es 109 mil, se debe calcular que de impuesto tiene que pagar alrededor de un 115% adicional”, asegura Navarro.
Un segundo importador de autos, que habló a condición de que no se publicara su nombre, explicó que para que una persona natural pueda traer un vehículo de estas características al Ecuador tendría que pagar algunas tasas adicionales al IVA y debería hacer una verificación exhaustiva de “los términos Incoterm sobre embarque y destino de una mercadería y sus respectivos seguros de viaje”.
De esta forma, cree que fácilmente el precio de la furgoneta podría duplicarse, aunque aseguró que al ser un auto para un mandatario debería tener facilidades de comunicación extra y arreglos para mejorar la seguridad, por lo que incluso podría tener un valor adicional.
Un tercer importador de autos, que tampoco quiso que figurara su nombre, explicó que “si este tipo de vehículo tiene salvaguardias, el importe costará al menos un 120% más de lo que cuesta en Estados Unidos”.
Este Diario intentó tener una versión oficial de la EPI, pero no la obtuvo. Más bien recibió una carta en la que decía que se entregaría en un plazo de 10 días “el requerimiento”, sin detallarse si sería la versión del funcionario, y mencionando que según la Ley de Comunicación los medios tienen derecho a informar pero sujetos a responsabilidad ulterior.
La Hora no pidió documentos a la EPI, pues todos se hallan en el portal de Compras Públicas (código RE-PR-014-2014). Lo que buscaba, por mandato de la Ley de Comunicación, es contrastar el presente reportaje por lo que adjuntó en una carta al gerente de la EPI dos preguntas puntuales: ¿por qué se terminó el contrato de mutuo acuerdo? y ¿por qué terminó el precio final de la furgoneta en 299.440 dólares?.
Régimen especial
El contrato para la adquisición de la furgoneta-despacho móvil se inició el 25 de agosto de 2014, por medio de la resolución CGAFN-2014-224. Allí se estableció que la negociación debía realizarse bajo el procedimiento de Régimen Especial, es decir, contratación directa, para lo cual se realizaría una invitación a la Empresa Pública Importadora (EPI).
El artículo 68 del Reglamento General de Contratación pública establece que se puede contratar en Régimen Especial entre entidades del Estado.
Los montos En los Términos de Referencia se establecía un primer presupuesto de 212.920,96 dólares. Pero el contrato quedó en 230.000 dólares.
El 6 de febrero de 2015 se presenta un informe que recomienda, “por causas técnicas y económicas imprevistas”, se suscriba un contrato complementario. Ese mismo día se lo firmapor 69.440 dólares.
El 20 de mayo de 2015, se asegura que el anticipo que se entregó al contratista fue del 99,99%, es decir, 299.410,05 dólares, por lo que el monto final del contrato fue de 299.440 dólares.
¿Para qué un despacho móvil? En los Términos de Referencia se especifica lo siguiente: “El Primer mandatario basa su gestión en el acercamiento a los sectores sociales en todo el territorio nacional con el fin de conocer y dar respuestas a las necesidades de la población, requiriendo trasladarse continuamente a comunidades rurales en las que no existe la infraestructura para trabajar y, en muchas ocasiones, para pernoctar”.
El dato El motor de la furgoneta que se iba a comprar es Mercedes Benz 3L de 6 cilindros, 188 caballos de fuerza, y turbo diésel.
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