Quito, 27 de septiembre del 2016.- Los testimonios de Rodolfo Q. y Jorge S. fueron claves para determinar el posible destino que tuvo parte del dinero que habría ingresado por la presunta venta de pases. Ellos son 2 de los 16 procesados que habrían integrado el grupo dedicado a tramitar traslados ilegales en la Policía Nacional.
La audiencia de juicio inició el 05 de septiembre y lleva 17 días de comparecencia en la Corte Nacional
En su narración, Rodolfo Q. aseveró que el dinero que provenía de la venta de pases policiales se recaudó en varias cuentas personales y de familiares de los ahora procesados. Luego, Ernesto Montenegro, al parecer, retiraba el dinero y lo entregaba en efectivo cada 8 o 15 días al exteniente, Alexis C., en el Regimiento Quito, y al excomandante, Fausto T., en su villa en la Escuela de Policía, donde residía.
Este testimonio fue presentado el martes 27 de septiembre, en el desarrollo de la audiencia de juicio contra 16 personas, que se efectúa ante los jueces del Tribunal Provincial de Pichincha, por el delito de delincuencia organizada.
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Rodolfo Q. agregó que acompañó a los encuentros de coordinación con los integrantes del grupo que se dedicaban a la venta de pases, retiros de dinero de instituciones financieras y lo entregaban en bolsas de papel a los procesados Alexis C. y Fausto T.
También dijo que actuó bajo las órdenes del exteniente Ernesto Montenegro (sentenciado en este caso a ocho meses por procedimiento abreviado), quien lo convencía de seguir con la venta de pases, asegurándole que le enviaría a capacitarse en el extranjero para que mejore su condición laboral.
Aseveró que cuando se enteró de las investigaciones de la Fiscalía, Ernesto Montenegro le comunicó que no tendrían ‘problemas’, porque el exteniente Alexis C. se encargaría de evitar que se les enjuicie.
En su testimonio dijo que Ernesto Montenegro le envió hasta la ciudad de Ibarra para la entrega de dinero en efectivo a María B., madre del exteniente Alexis C., para la compra de muebles.
Mencionó que no solo recibía órdenes para tramitar la venta de pases, sino también vía whatsapp para la compra de zapatos, electrodomésticos, colchones y cubrecamas para Alexis C.
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Una vez que se enteró por los medios de comunicación que los trámites de pases eran ilegales, afirmó que se reunieron con Luis Carrera (sentenciado a 8 meses por procedimiento abreviado), Ernesto Montenegro, Jorge S., y Rodolfo Q. y huyeron hacia Sucumbíos. Allí discutieron y fue amenazado de muerte. Finalmente decidió regresar y entregarse ante las autoridades.
Luego de su testimonio, el procesado Rodolfo Q. respondió al contrainterrogatorio de la Fiscalía. Allí manifestó que recibió, una sola vez, 750 dólares por concepto de comisiones por la venta de pases, presuntamente por autorización de Alexis C.
Una vez concluida la intervención de Rodolfo Q., su abogado defensor decidió prescindir de la presentación de testigos y de la prueba testimonial, con lo que finalizó su intervención.
En la tarde, intervino el procesado Jorge S., quien manifestó que en una reunión en la Comandancia de la Policía pudo observar que con solo el nombre completo del solicitante, en el sistema se tramitaba el pase y en menos de una hora el traslado estaba listo.
Jorge S. declaró que los procesados Carlos H. y Ernesto Montenegro se habrían puesto de acuerdo para asistir a la Comandancia de la Policía y desaparecer los documentos que les podría implicar en la venta de pases policiales.
Uno de los involucrados, fue detenido en Imbabura
Además, aseveró que luego de que el procesado Alexis C. compró una casa en Ibarra, ellos recibieron órdenes de comprar los muebles y enseres para esta vivienda, que habría sido pagada con el dinero que provenía de la venta de los pases policiales.
Según las investigaciones de la Fiscalía, entre octubre 2014 a julio 2015, se habría configurado una red que se dedicaba a ofertar los ‘servicios’ pagados por tramitar pases policiales sin respaldos legales para su aplicación. Por cada pase se habría cobrado entre los 1.000 y 2.000 dólares.
La audiencia de juzgamiento se realiza por cuarta semana, en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia.
Los sentenciados en el caso
El 3 de mayo del 2016, el excapitán Luis Carrera y el exteniente Ernesto Montenegro fueron sentenciados a 8 meses y 4 días de privación de libertad, en calidad de autores del delito de delincuencia organizada.
Mientras que el 23 de mayo del 2016 a los policías Aldrín Torres y Jairo Condoy se los sentenció a 6 y 12 meses de privación de libertad, respectivamente, por este delito.
Ellos solicitaron la aplicación del procedimiento abreviado y se beneficiaron con una rebaja en la pena, previamente aceptaron haber participado en la venta de pases policiales.
A los cuatro sentenciados se les concedió los beneficios de la cooperación eficaz, contemplada en el artículo 493 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena no menor al 10 % de la mínima fijada para el procesado que colabore con información relevante.
Dato:
El artículo 369 del COIP sanciona la delincuencia organizada con pena privativa de libertad de hasta 10 años.