El Consejo de la Judicatura (CJ) presentó a la Asamblea Nacional la propuesta de reforma legal por la cual se plantea que los funcionarios que hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por una contravención o delito de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, mientras se encontraren en desempeño de su puesto, cargo, función o dignidad, estén prohibidos de ejercer ningún cargo público por dos años; y, de forma definitiva, en la institución estatal en la cual laboraban.
El documento fue entregado este 25 de noviembre por el Presidente del CJ, Gustavo Jalkh, a la titular de la Legislatura, Gabriela Rivadeneira, en la ceremonia de develamiento de una placa que recuerda a las víctimas de femicidio y sus familias en Ecuador.
El proyecto, donde se establece que la prohibición se aplicará incluso cuando se trate de contratos de servicios profesionales u ocasionales, implica reformas a los artículos 10 de la Ley Orgánica de del Servicio Público (LOSEP); y 77 y 100 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
Anuncie aquí: publicidad personalizada
El planteamiento del CJ tiene como propósito fortalecer el combate a la impunidad relacionada con actos de violencia de género. Así lo explicó el doctor Jalkh, quien señaló que es necesario contar con una legislación penal adecuada y rigurosa que permita al agresor reflexionar sobre sus acciones, más aún cuando se trata de alguien que desempeña un cargo público.
El evento fue organizado por el Consejo Nacional para la Igualdad de Género y se realizó en la Asamblea Nacional, donde estuvieron autoridades de Estado y representantes de varias organizaciones sociales.
Durante su intervención, el titular del CJ dijo que la violencia de género es una pandemia en el planeta y por ello, los Estados deben comprometerse con política pública para enfrentar esta problemática.
Recordó que tipificar el femicidio en la normativa penal ecuatoriana no fue fácil y requirió de un amplio diálogo con organizaciones de la sociedad civil. Dijo que esto sirvió para visibilizar un problema y graficar un compromiso social que busque erradicar y no dejar en la impunidad la violencia extrema contra la mujer.
PUBLICIDAD:
“En nuestra área de competencia, el compromiso absoluto es cero impunidad, no solo al femicidio, sino a toda forma de violencia intrafamiliar”, señaló.
El doctor Jalkh explicó que las unidades judiciales especializadas en la lucha contra la Violencia a la Mujer y la Familia cuentan con mejor infraestructura y equipos de médicos, psicólogos y trabajadoras sociales para acompañar de forma integral a las víctimas, lo cual hace que quienes sufren maltratos no abandonen el proceso y haya un mejor nivel de sentencias.
En este contexto, destacó la elaboración de la guía para la administración de justicia con perspectiva de género, cuyo objetivo es garantizar que los jueces tengan presente, a la hora de elaborar sus sentencias, todos los elementos bajo este enfoque.
PUBLICIDAD:
