El Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, descartó que en la Función Judicial exista “espíritu de cuerpo” para encubrir las malas actuaciones de jueces, fiscales u otros operadores de justicia.
A propósito de lo ocurrido en los últimos días con el juez Josafat Mendoza y la ex jueza Lorena Collantes, quienes protagonizaron escándalos públicos y agredieron a elementos policiales, el titular del CJ afirmó que la actuación de ciertos funcionarios no debe afectar la imagen de los más de 2000 jueces que existen en todo el país.
El doctor Jalkh defendió la rigurosidad de los concursos de oposición y méritos mediante los cuales se selecciona a los administradores de justicia y recordó que estos procesos incluso tienen una valoración psicológica que puede identificar rasgos de los aspirantes, al momento de su presentación a las pruebas, pero que “no puede predecir de ninguna forma, lo que sucederá en el futuro”.
“No se trata de una predicción absoluta (…) Esto se complementa con las evaluaciones de desempeño”, señaló y agregó que no se puede pedir a los procesos de selección lo que no pueden ofrecer, es decir, que visualicen todas las actuaciones que podrían tener los jueces tiempo después de haber sido seleccionados.
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Recordó que los concursos en cuestión lo que hacen es garantizar, al momento de la designación, que el funcionario escogido tiene los conocimientos, la formación, los títulos académicos y determinados rasgos psicológicos requeridos para acceder al cargo.
El Presidente Jalkh aseguró que no se descarta la posibilidad de aplicar ciertos cambios en la evaluación de quienes aspiran a ser parte de la Función Judicial. Agregó que el CJ internamente analiza el tema con psicólogos y expertos.
De igual forma, indicó que pese a que hay quienes sostienen que lo ocurrido con Mendoza y Collantes invalida los procesos de selección, es exactamente lo contrario. “Estos hechos demuestran que hay un sistema de evaluación permanente que está funcionando y que puede ser perfectible”, afirmó.
Anunció, además, que el CJ presentará, este 25 de noviembre, ante la Asamblea Nacional, un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público para que los funcionarios que hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por una contravención o delito de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, estén prohibidos de ejercer un cargo de forma definitiva en la institución en la que laboraban al momento de cometer este tipo de hechos.
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Los servidores sancionados, además, no podrían trabajar en ninguna institución pública, al menos por un período de dos años.
Gustavo Jalkh enfatizó que en el tema de violencia debe haber una legislación radical que permita al agresor reflexionar sus acciones y en el caso del sector público, “por lo menos le disuada el hecho de que puede perder definitivamente su trabajo”.
El anuncio lo hizo durante un evento de conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se realizó en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el jueves 24 de noviembre.
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