No menos de 22 millones de dólares en contratos entregados a familiares motivan que el Concejo Cantonal se ponga en alerta. Pedidos de investigaciones fueron remitidos por varios concejales a la Contraloría y Procuraduría.
Por su parte el Servicio de Contratación Pública, SERCOP, inició demandas penales y la tormenta podría estar tan solo empezando.
La rehabilitación de la plaza San Francisco está en pausa por las investigaciones
La concejala Dora Ordóñez informó que recibe información sobre contratos de obras y de asignación de cargos públicos. “He solicitado información. Se han remitido pruebas a Contraloría y Procuraduría. Son cerca de 400 millones de dólares que necesitan ser fiscalizados”, anunció.
No es la única que trabaja en el tema. En la oficina de la concejala Martha Castro, de la comisión de fiscalización, las cajas llenas de documentación sobre contratos entregados por la Municipalidad rebasan la capacidad de los archivadores. Su trabajo de investigación, asegura, es de 24 horas.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Cristian Zamora, se encuentra en similar tarea. Asegura que alertaron al Municipio de los contratos de ETAPA en noviembre, del contrato de San Francisco hace un mes, y hay varios temas en investigación.
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Contratos
¿Qué es lo que hasta ahora se sabe sobre los parentescos en la entrega de contratos? La información subida al portal de compras públicas, las denuncias efectuadas por el SERCOP y las solicitudes de los concejales a los organismos de control muestran por ahora una telaraña de conexiones en ETAPA y en la Municipalidad.
El denominado Caso ETAPA, destapado por una denuncia del director nacional del SERCOP, Santiago Vásquez, deja hasta el momento un detenido y cuatro personas bajo investigación. El caso gira en torno al contrato de la ampliación de la planta potabilizadora de Tixán, por unos 9,8 millones de dólares.
Según el alegato de la Fiscalía, Carlos F. d. C., actual gerente de Agua Potable de la empresa municipal ETAPA, es sobrino de Jorge F. d. C. y primo de Iván F. d. C., socios del consorcio Delcon-Consfercor, al cual se adjudicó la obra.
Además, Jorge F. d. C. habría recibido contratos por 3,91 millones de dólares más en obras de ETAPA, mientras Iván F. d. C., tiene contratos de manera personal por 200.000 dólares y a través de consorcios por 11,47 millones de dólares, esto según el SERCOP.
Quien adjudicó el contrato es Iván P., exgerente general de ETAPA, hoy bajo prisión preventiva. El otro investigado es Jason E., gerente encargado de Agua Potable y miembro de la Comisión Técnica que definió la empresa ganadora del concurso.
El concejal Cristian Zamora pide, a más de las medidas legales, la terminación unilateral del contrato.
Otros parentescos
No es el único contrato en el que hubo vínculos familiares entre funcionarios de ETAPA y contratistas de obras.
La conducción Saymirín-Tixán, el más grande proyecto de agua potable en lo que va del año, con 10,4 millones de dólares asignados, fue entregado al consorcio Río Machángara, en el que uno de los socios es primo de Marcelo Sotomayor, supervisor del área de proyectos de ETAPA.
El parentesco fue anunciado por el propio alcalde Marcelo Cabrera y es aceptado por el consorcio que, sin embargo, inició una acción judicial contra ETAPA pues sostiene que el “error” en la adjudicación es una falla de la empresa y no de sus asociados.
Los contratos en los que habrían vínculos familiares no terminan ahí. De acuerdo a un informe del SERCOP, enviado a la Fiscalía General del Estado, en ETAPA se registra un contrato a una empresa de ingeniería civil cuyo gerente es hermano de un miembro de una comisión técnica, esto por 65.000 dólares.
El SERCOP denuncia además que se entregaron dos contratos por 15.000 dólares al papá de una integrante del equipo de contratación pública, otro por 38.000 dólares a la prima de una analista de tesorería, y dos más por 42.000 dólares a la hermana de un integrante del equipo jurídico de ETAPA.
San Francisco
Como lo señaló el Alcalde la semana pasada, el contrato de rehabilitación de la plaza de San Francisco por 1,53 millones de dólares fue adjudicado a un consorcio en el que es socio Pedro Argudo, hijo del exsecretario municipal de Obras Públicas e Infraestructura, Guillermo Argudo.
Pedro Argudo también ha trabajado en la fiscalización de las obras de mejoramiento en los parques Las Candelas, Los Lagos, Libertadores, El Camal y Uncovía por 23.349 dólares, contratos entregados por la EMAC.
También recibió en el 2015 un contrato de ETAPA por un valor de 233.826 dólares y está calificado en el grupo de ingenieros civiles que se presentaron para recibir obras del programa Barrio Para Mejor Vivir.
Pedidos
Los concejales piden investigar todas estas adjudicaciones, no solo por las entidades de control internas de la Municipalidad sino también por la Contraloría, Procuraduría, y de ser necesario, por la Fiscalía General del Estado.
Zamora añade que dentro de los documentos de San Francisco se cursaron oficios sin número al departamento de compras, aprobando fases precontractuales, acción que pide sea investigada.
Ordóñez pide por su parte que se analicen aquellas fiscalizaciones en las que se llama solo a tres oferentes ya que “en Cuenca hay más de 1.500 ingenieros que están en capacidad de asumir estas obras”.
“Lamentamos que no haya un compromiso por parte de los funcionarios municipales para evitar estos hechos. Esto ha sido catastrófico para la institución”, finalizó la concejala.
Concejales analizan Tranvía, PRAC y Parque de la Libertad
La concejal Martha Castro informó que la Procuraduría General del Estado ha dado aceptación a su pedido de investigación sobre el contrato de la ampliación de la planta potabilizadora de Tixán.
Adicionalmente, con fecha 15 de junio, ella y el concejal Carlos Orellana enviaron pedidos a la Contraloría para que se investiguen los contratos entregados durante la emergencia del tranvía, así como las obras ejecutadas en torno al proyecto desde mayo del 2015 hasta octubre del 2016.
Les llama la atención que dos de los tres contratos más grandes, por un valor conjunto de 2,1 millones de dólares, hayan sido entregados a un mismo contratista. También se repiten los adjudicatarios en dos contratos emergentes menores por unos 121.000 dólares.
Al respecto, la concejala Dora Ordóñez informó que durante una sesión de Concejo “objeté contratos entregados de manera directa durante la emergencia del tranvía”, pero sus observaciones no fueron aceptadas por Cabrera, aseguró.
En cuanto al PRAC, la concejala Castro solicitó un informe a la Contraloría y la Procuraduría para investigaciones. Hay presunciones de parentescos.
Las dos ediles analizan también el contrato para la construcción del Parque de la Libertad, quieren respuestas sobre el porqué de entre tres consorcios aprobados se eligió una oferta 250.000 dólares superior a la de uno de los oferentes descartados. Anuncian que en los próximos días se pronunciarán respecto a este tema.
http://www.eltiempo.com.ec/noticias/cuenca/2/416213/la-telarana-familiar-de-los-contratos-municipales