En el auditorio de la Gobernación de Morona Santiago la Secretaría Técnica de la Amazonía, desarrolló la socialización de la Ley Amazónica a las autoridades electas en todos los niveles de Gobierno, Prefectura, Alcaldías y Juntas Parroquiales de la provincia.
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La socialización inició dando a conocer las brechas que mantiene la Amazonía en donde viven 900 mil habitantes en la actualidad, siendo la más pobre del país la Amazonía. El 40% de habitantes no cuenta con agua potable como un servicio básico indispensable, esto a su vez incide en el tema de salud pública. Otro de los indicadores también establece que el 85% de jóvenes amazónicos no accede a una Educación Superior.
Julia Landazuri, Secretaria Técnico de la Amazonía, expresó: “la suma de esfuerzos de todos los niveles de Gobierno permitirá la reducción de estos indicadores y las medidas no solo se deben adoptar en el discurso sino en acciones concretas", resaltó.
Además, explicó que se debe cambiar de lógica de cómo se vino desarrollando la Amazonía durante estos años, cambiando el modelo económico y generando fuentes de empleo a través del incentivo a la productividad y comercialización y esto se logrando invirtiendo de forma eficiente los recursos económicos.
En este espacio también se explicó la asignación de los recursos a través de la Ley Amazónica que contiene 2 fondos el primero es el fondo desarrollo sostenible esto está ligado a la venta del barril de petróleo y que será destinado el 4% del valor de cada barril, este recurso llega a los Gobiernos Autónomos y a la Secretaria Técnica el 96% a los GAD`s y el 4% Secretaria de la Amazonía, como proyección se recibiría cerca de 400 millones de dólares en este año.
La segunda asignación es el fondo común, viene de las actividades extractivistas que se generan en nuestra región, se alimenta de las regalías mineras, petroleras, hidroeléctricas hasta el momento ha ingresado a la Secretaría Técnica 44 millones de dólares para la Amazonia como un proporcional del mes de mayo a diciembre.
Los recursos deberán ser invertidos de acuerdo a lo que establece la Ley Amazónica principalmente en cubrir necesidades básicas insatisfechas, además podrán establecer otros proyectos con los ministerios competentes.
