■ los problemas del expresidente Correa al parecer recién empiezan
Quito -
Dos procesos judiciales que se llevan en Estados Unidos investigan el pago de sobornos en la estatal ecuatoriana Seguros Sucre S. A. a cambio de mantener contratos de reaseguros. En el centro de la acusación está el expresidente del directorio y exasesor del entonces presidente Rafael Correa, Juan Xavier Ribas Domenech, radicado en Miami.
Según la declaración judicial del agente estadounidense a cargo de la pesquisa, las coimas supuestamente se pagaron entre el 2014 y el 2016 y superan los $6,5 millones. De ese monto, al menos $1 millón se depositaron a Ribas Domenech y sus familiares en el sistema financiero de EE. UU., en tanto que otra parte se entregó en efectivo y en inversiones, lo que sumarían unos $3,6 millones.
Las acusaciones son por supuesto lavado de dinero y violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), y se pide el arresto de todas las personas. Los documentos se hicieron públicos recién el jueves pasado a pesar de que datan de hace varias semanas.
El primer proceso, del 17 de febrero pasado, es contra Juan Ribas; el ecuatoriano José Vicente Gómez Avilés, asesor e intermediario de reaseguros, y el colombiano Felipe Moncaleano Botero, que manejaba subsidiarias de intermediarias de seguros internacionales en Colombia.
El segundo proceso, de marzo, es contra el ecuatoriano estadounidense Roberto Heinert, también dedicado al negocio de reaseguros en Miami.
En el gobierno de Rafael Correa se dispuso que todo el sector público contrate sus pólizas de seguros con la estatal Seguros Sucre. A su vez, esta compañía debía negociar en el exterior la cobertura de esos contratos (los reaseguros). Es sobre esta negociación de reaseguros que se centra la investigación estadounidense.
El agente Jeffrey Lamirand, del Servicio de Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas de EE. UU., detalló en su declaración cómo funcionaban los pagos que se relacionan con la póliza de seguros del Ministerio de Defensa a partir de fines de 2013. Además, se menciona un pago relacionado con Termopichincha, estatal generadora de electricidad.
De acuerdo con la versión del agente, este esquema viola las leyes de EE. UU. y de Ecuador, pues los acusados conspiraron para lavar instrumentos monetarios procedentes de sobornos y encubrir el origen ilegal del dinero. En su declaración no se mencionan los nombres de otros intermediarios, funcionarios de Seguros Sucre ni de las empresas que participaron, ya que solo los conocen las autoridades de ese país.
En su relato señaló que en junio de 2013, Seguros Sucre entregó el reaseguro de la póliza del Ministerio de Defensa a una compañía y que el contrato era hasta el 2014. Pero a fines de 2013, la ecuatoriana le informó que no le iba a renovar el negocio para el año siguiente. Ribas Domenech se hizo cargo de Seguros Sucre en septiembre de ese año, a raíz de denuncias de irregularidades hechas por la Secretaría Anticorrupción.
El colombiano Felipe Moncaleano Botero era quien representaba al reasegurador y es por ello que contactó al intermediario José Gómez Avilés para que lo ayudara a mantener el contrato y hasta hubo reuniones con funcionarios de Seguros Sucre, entre ellos Ribas Domenech. En mayo de 2014 se acordó la renovación del reaseguro a cambio del pago, siempre según el relato del agente estadounidense, de $1,8 millones de comisiones y del 8 % del valor del siguiente contrato, para los años 2014-2015.
En el portal institucional del Ministerio de Defensa, el valor estimado de la póliza de las aeronaves de las Fuerzas Armadas para ese periodo ascendía a $28,4 millones.
En los documentos judiciales se indicó que el reasegurador realizó varios pagos por un total de $10,8 millones en cuentas en Panamá, Suiza y Estados Unidos, a nombre de diferentes empresas. Y desde esas compañías se enviaron giros a cuentas de Ribas Domenech y de sus familiares, y se compraron inversiones en una intermediaria en Islas Caimán.
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