Fernando Otoya, presidente de la Corte Provincial de Esmeraldas, dictó auto de llamamiento a juicio contra Madelein M., exagente fiscal de Esmeraldas, y su hermano Rafael M. por el presunto delito de concusión y asociación ilícita
La Fiscalía General del Ecuador indicó que el allanamiento ocurrido en Octubre del 2019 a los domicilios de Madeline M., fiscal de Esmeraldas, y de su hermano Luis M., quien sería exjuez del mismo distrito, ambos investigados por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita y concusión, se dio ya que los imputados, habrían solicitado montos de 5 mil a 10 mil dólares a víctimas y procesados, a cambio de beneficios y de dictámenes abstentivos.
La narración bajo este mensaje de publicitario, tomada de Diario La Hora, nos hace conocer impresionantes pormenores que provocaron el llamamiento a juicio:
Un año de seguimiento sin que sepan sus partes de Esmeraldas
Antes de su actuación, la Fiscalía estableció un año de seguimiento a los hoy detenidos, por lo que decidieron intervenir en horas de la madrugada del pasado 13 de Octubre del 2019, presuntamente se estableció que los inmuebles estarían ubicados en los sectores de Esmeraldas Libre y Esperanza Norte, del cantón Esmeraldas.
En esa diligencia, solo actuaron funcionarios de la capital de la República, se informó desde la Sub Zona Esmeraldas, apoyando tan solo con resguardo policial.
Fiscal activa
De acuerdo con el fiscal provincial de Esmeraldas, Carlos Espinoza Arteaga, la detenida Madeline M., fungía como fiscal activa de la Unidad de Adolescentes Infractores, no dando mayores detalles hasta la formulación de cargos, que se llevó a cabo a las 15:15 de ayer.
Dentro de la formulación de cargos, en la Sala de Audiencias 2 de Garantías Penales, la jueza Kenya Ruiz Aguilar, lideró la audiencia, en donde la parte acusadora, Claudia Romero Ramírez, Agente Fiscal, expresó las denuncias por varios ciudadanos en contra de la procesada.
Asimismo, vinculó a su hermano Luis M., exjuez quinto de Garantías Penales de Esmeraldas, quien a su criterio participó en los hechos de concusión y asociación ilícita, por los cuales son acusados.
Tres allanamientos se realizaron ayer, dos de ellos en los inmuebles de los acusados, y uno más en la oficina de la Fiscalía Provincial de Esmeraldas, donde realizaba sus actividades la fiscal.
Romero Ramírez, presentó pruebas de las denuncias en contra la funcionaria, así como llamadas de ella a su hermano, en donde pactarían la repartición de grandes sumas de dinero, por los casos que llevaban.
Dinero sin justificar
Además, se presentaron ingresos en las cuentas de Madeline M., entre los años 2016 y 2017, por sumas mayores a 1.000 dólares, que para la parte procesal no son justificadas, alegando en la foja 390, que estos pertenecerían al dinero percibido del sueldo, así como de la venta de ‘Yanbal’.
La gente fiscal, Claudia Romero Ramírez, ante la descargas de las pruebas, que se distribuían en cuatro carpetas, pidió a la jueza Kenya Ruiz Aguilar se le dicte orden de prisión preventiva a los acusados Madeline M., y Luis M., por los delitos de asociación ilícita y concusión.
A ello, también añadió que al considerarse un alto grado de fuga de los implicados, se le prohíba también la enajenación de sus bienes, y el congelamiento de sus cuentas, para fines investigativos.
‘No soy funcionario público’
Luis M., tomó la palabra dentro de la intervención queriendo adoptar las pruebas en su contra, pero ante varios pedidos negados, se le fue otorgado. En su discurso dijo que él no consta de los archivos con indagación previa, sino solo contra su hermana, además que tampoco fue notificado por la Fiscalía, pues era él quien iba a defenderla a ella en el juicio.
Ante esta intervención, su abogado Pedro Pablo Heredia, se basó en que el delito de concusión del que era acusado su defendido, solo puede instruírsele a los funcionarios públicos, lo cual, él no lo es. Por lo que pidió un arraigo domiciliario, presentando sus bienes como pruebas para ello.
‘Debe seguir en funciones’
Madeline M., al inicio de la audiencia designó como su abogado a Manuel Angulo Estupiñán como su abogado defensor, pero un quebranto en su salud, debido a su padecimiento de hipertensión, lo obligó a retirarse de la sala, interviniendo luego Alexandra Lastra, abogada de oficio.
Entre su alegato para medidas cautelares de su defendida, explicó que no existe un sumario administrativo de destitución en contra de Madeline M., por lo que ella aún sigue siendo funcionaria pública, y que debería ejercer su cargo con normalidad.
Continuó diciendo que la acusada no tendría ningún interés de salir del país, por lo que dejó bienes laborales, domiciliarios, sociales y económicos, para que se le otorgue continuar con el proceso investigativo desde su hogar.
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