Guayaquil (Guayas), 18 de junio de 2020.- Fiscalía procesó al ex juez de Garantías Penales del Guayas, José Gerardo T. A., por el presunto delito de prevaricato. La audiencia de formulación de cargos, a través de videoconferencia, se desarrolló este jueves 18 de junio, en la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil.
La fiscal del Guayas y Galápagos, Yanina Villagómez, presentó doce elementos de convicción recaudados en la fase de investigación previa, que determinarían la participación directa del procesado, en calidad de autor directo, entre estos: la denuncia presentada por el Director Nacional de Asesoría Jurídica, Andrés Peñaherrera, delegado de la Dirección General del Consejo de la Judicatura; las copias certificadas del juicio penal del procesado Jorge Luis Z. G., alias “Rasquiña”, en la que constan todas las etapas del proceso; la certificación de la acción de personal del ex Magistrado investigado, así como su versión rendida en la Fiscalía; y, las copias certificadas del expediente disciplinario seguido en su contra.
Fiscalía formuló cargos contra José Gerardo T. A., por prevaricato, delito que es sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años, y solicitó la prisión preventiva para el procesado.
El presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Alfonso Ordeñana, acogió el pedido de Fiscalía en todas sus partes y dictó prisión preventiva para José Gerardo T. A., disponiendo de un plazo de noventa días para el cierre de la instrucción fiscal. También solicitó oficiar a la Policía Judicial para proceder a la ubicación, localización y captura del ex Magistrado.
Antecedente
José Gerardo T. A., ex Juez de Garantías Penales del Guayas, según investigaciones de Fiscalía, habría modificado la sentencia ejecutoriada por el Tribunal de alzada contra Jorge Luis Z. G., presunto líder de la banda delincuencial de “Los Choneros”, sentenciado en 2011 por el asesinato de Sacarías F. M.
En 2015, un Tribunal Penal de Manabí sentenció al líder de la organización delictiva a ocho años de prisión. Sin embargo, Fiscalía apeló en septiembre de 2017 y obtuvo una condena de veinte años de pena privativa de libertad. Posteriormente, la Corte Nacional de Justicia la ratificó.
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