Cuenca (Azuay), 25 de septiembre de 2024.- Con base en el anuncio de prueba ‒que incluye más de doce elementos de convicción‒ presentado por Fiscalía, el exalcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor B., fue llamado a juicio por su presunta autoría en el delito de sabotaje.
Al finalizar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la tarde del martes 24 de septiembre, la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, Julia Elena Vásquez, ratificó las medidas cautelares que prohíben su salida del país y la enajenación de sus bienes.
Durante la presentación del dictamen acusatorio, el fiscal provincial de Azuay, Leonardo Amoroso, detalló que –aprovechándose de su cargo como alcalde– Elías Baldor B. habría convocado reuniones públicas, en abril de 2022, a los residentes de la comunidad La Florida, en el cantón Santa Isabel. En estas reuniones, habría influenciado e incitado a la comunidad a obstaculizar la vía pública e impedir la libre circulación vehicular.
El ex Alcalde habría argumentado que en esta comunidad operaba una concesión minera que carecía de los permisos de uso de suelo y que no había pagado las tasas correspondientes al municipio de Camilo Ponce Enríquez. Sin embargo, la compañía presentó la documentación que justifica la legalidad de sus actividades mineras, incluyendo las escrituras públicas de los terrenos donde opera, los cuales se encuentran en el cantón Santa Isabel, fuera de la jurisdicción de Camilo Ponce Enríquez.
Después de las reuniones, se habría improvisado un control vehicular en la vía pública, custodiado por un grupo de personas con el fin de impedir la circulación de volquetes que trabajaban para empresas mineras, restringiendo así la movilidad de otros vehículos y peatones.
El 3 de mayo de 2022, bajo la dirección de Elías Baldor B., el personal del Municipio de Camilo Ponce Enríquez habría utilizado maquinaria institucional para abrir varias zanjas de dos a tres metros de ancho, dañando la tubería de drenaje de la carretera Pijilí-Santa Teresita-Bella Aurora, ubicada en el cantón Santa Isabel. Esta acción habría impedido el libre tránsito de vehículos y peatones, provocando la paralización de actividades en la zona.
Fiscalía sustentó su acusación en las declaraciones del denunciante y de testigos, así como en documentación que acredita la legalización e inscripción de la concesión minera y su transferencia a favor de una compañía. También se presentó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, junto con informes técnicos periciales de audio y video, planimetría forense, fotografías y enlaces de redes sociales donde se pueden observar los hechos.
Información jurídica
Elías Baldor B. es procesado conforme al artículo 345, inciso uno, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de sabotaje con una pena privativa de libertad de cinco a siete años.
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